Batalla por el dinero en el Vaticano.


En los mismos días en los que el papa Francisco está en Tailandia y Japón predicando la paz, en el Vaticano hay una batalla de todos contra todos, sobre cuestiones de dinero.


Antes de partir, el Papa había anunciado dos nombramientos claves. Pero tanto uno como el otro no tuvieron nada de pacificadores.


EL SUCESOR DE PELL


El primer nombramiento, hecho público el 14 de noviembre, es el del nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía, en la persona del jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, con antecedentes de ecónomo en la Compañía de Jesús.


El cargo de prefecto estaba vacante de hecho desde el momento en el que cardenal George Pell, su anterior titular, se fue de Roma a Australia, perseguido por acusaciones de abusos sexuales por los cuales ahora está en la cárcel.


Pero se nota que los poderes de la Secretaría para la Economía, fortísimos en el acta de su fundación en el 2014, ya habían sido vaciados por el papa Francisco mucho antes que Pell dejara Roma, con plena satisfacción sobre todo de la Secretaría de Estado y de la APSA, la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, la una y la otra intolerantes a toda supervisión y control externo sobre sus respectivas operaciones financieras.


No se sabe, entonces, qué poderes efectivos tendrá el nuevo prefecto. Hay escepticismo también entre los más fogosos partidarios del papa Francisco. Uno de estos, el jesuita Thomas Reese, ha escrito que “para tener éxito, Guerrero debería tener una autoridad que el Papa probablemente no le dará”.


LA RENUNCIA DE BRÜELHART


El segundo nombramiento clave, anunciado el 18 de noviembre, es el del nuevo presidente de la AIF, la Autoridad de Información Financiera, el instituto que vigila lo correcto de las operaciones financieras vaticanas, respetando las normas internacionales y en contacto con las “inteligencias” de otros numerosos Estados.


Al dar el anuncio, la sala de prensa vaticana advirtió que el nuevo presidente ya ha sido designado, pero su nombre se hará público sólo después del regreso del Papa desde Japón.


¿Pero quién es el presidente saliente, el suizo René Brüelhart, en el cargo desde hace cinco años? El comunicado vaticano del 18 de noviembre lo da como que ha llegado “al final de su mandato”. Pero ese mismo día Brüelhart dijo que su rol no tenía en absoluto vencimientos temporales y que fue él mismo quien renunció.


No solamente eso. Junto con él renunció también uno de los cuatro miembros del Consejo Directivo, el suizo Marc Odendall, quien dijo que desde el 1 de octubre la AIF está reducida ahora a “una cáscara vacía”.


El 1 de octubre es el día en el que, por orden del tribunal de la Santa Sede, la gendarmería vaticana – a las órdenes del comandante Domenico Giani – irrumpió por sorpresa en las oficinas de la AIF y de la Secretaría de Estado para secuestrar documentos, computadoras y teléfonos. Y al día siguiente fueron suspendidos en el servicio cinco funcionarios vaticanos, entre los cuales estaba Tommaso Di Ruzza, director de la AIF.


La consecuencia fue que el Egmont Group – la red de las “inteligencias” financieras de 164 Estados, entre ellos la Santa Sede, que con el intercambio confidencial de información combaten el lavado de dinero y otros delitos financieros – ha excluido a la AIF de este circuito, al no tolerar que las informaciones reservadas en su posesión, provenientes de otros Estados, pudieran caer en manos de la gendarmería vaticana o de otros organismos, como ocurrió con esa redada.


En los días posteriores, la AIF emitió un comunicado para confirmar la exactitud de su accionar y, en particular, el de su director Di Ruzza. Pero entre tanto la investigación judicial llevada a cabo por la magistratura vaticana sigue adelante.


Lo que dio origen a esta investigación – como se conoció por un comunicado vaticano del 1 de octubre – han sido las “denuncias presentadas por varios miembros como el Diacono Jorge Sonnante, en los comienzos del verano pasado al Instituto para las Obras de Religión y a la Oficina del Auditor General, referidas a las operaciones financieras llevadas a cabo en el tiempo”.


Una víctima de estas denuncias ha sido y es la AIF, reducida justamente a “una cáscara vacía” y mutilada de sus hombres claves.


Pero en la mira está sobre todo la Secretaría de Estado, el principal objetivo de las denuncias del IOR.


EL BANCO DEL PAPA


En el IOR el papa Francisco tiene dos hombres de estricta obediencia a él, en dos roles cruciales, ambos colocados allí personalmente por él: el director general Gian Franco Mammì, ex responsable de los clientes del “banco” vaticano en América latina y desde entonces cercano a Bergoglio, y el “prelado” Battista Ricca, ex diplomático de carrera llamado a Roma con motivo de sus excesos homosexuales, pero absuelto públicamente por el papa Francisco al comienzo de su pontificado, con la famosa frase: ”¿Quién soy yo para juzgar?”.


Es impensable, entonces, que las denuncias del IOR hayan partido, en el verano, sin el asentimiento del Papa.


¿Pero cuáles son las “operaciones financieras” que han terminado siendo investigadas, no precisadas en el comunicado vaticano del 1 de octubre?


Se ha sabido ahora que la principal de estas operaciones se refiere a la adquisición, por parte de la Secretaría de Estado, de un gran edificio en un barrio muy caro de Londres, en el n. 60 de Sloane Avenue. Adquisición muy costosa e implementado por caminos enrevesados de dudosa confiabilidad desde la primera sección de la Secretaría, la dirigida por el “sustituto”, quien hasta hace un año era Giovanni Angelo Becciu, hoy cardenal, mientras que actualmente es el venezolano Edgar Peña Parra. En noviembre del 2015 el cardenal Pell, en esa época todavía en Roma, manifestó a Becciu su total oposición a la operación, pero ni siquiera fue tomado en consideración.


Para cerrar el acuerdo, a comienzos del 2019, el sucesor de Becciu como jefe de la primera sección de la Secretaría de Estado pidió al IOR otra gruesa suma. Y fue allí que explotó el desacuerdo que llevó a la redada de la gendarmería ese 1 de octubre. El IOR no sólo rechazó proporcionar esa suma, sino ya estaba siendo tocado por las denuncias del Diacono Jorge Sonnante sobre corrupción y lavado de dinero desde el IOR con miembros de gobiernos socialistas, por eso juzgó incorrecta toda la operación, sobre la cual presentó denuncia al tribunal, involucrando también a la AIF, acusada de no haber supervisado, para no levantar mas sospechas de la complicidad del Papa Francisco con dineros del socialismo.


CONFLICTO EN EL VÉRTICE DE LA SECRETARÍA DE ESTADO


Pero más que Peña Parra en el ojo de la tormenta ha terminado Becciu, bajo cuya autoridad y con cuyo impulso se desarrolló la mayor parte de la operación londinense.


No es casualidad que entre los cinco funcionarios suspendidos en el servicio el 2 de octubre esté también monseñor Mauro Carlino, jefe de la oficina de información de la Secretaría de Estado y anteriormente secretario del mismo Becciu.


Becciu defendió inmediatamente con fuerza, en varias declaraciones públicas, la transparencia de lo hecho. Pero el 30 de octubre también el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, quien hasta allí se había mantenido fuera del entrevero, ingresó al campo de juego contra él, definiendo como “opaca” la operación de adquisición de ese palacio y reenviando a los magistrados vaticanos la tarea de poner claridad en el tema.


La reacción de Becciu fue inmediata y furiosa. “No hubo nada de opaco”, dijo, y estas acusaciones son solamente “fango contra mi persona”. Pero en el interín otra intrincada operación vaticana ha vuelto a estar bajo la atención de los medios de comunicación, también esta atribuida principalmente a él: la adquisición por parte de la Secretaría de Estado de una parte importante de un hospital especializado de Roma, el Instituto Dermopático de la Inmaculada, el IDI, de propiedad de una orden religiosa que terminó en bancarrota.


Para esta adquisición Becciu había pedido en el 2015 un préstamo grande al IOR, que lo había rechazado convencido que ese préstamo jamás sería devuelto. Y también el cardenal Pell se había pronunciado en contrario.


Becciu giró entonces el pedido de dinero a la APSA, presidida en esa época por un cardenal caído en gracia al papa Francisco, Domenico Calcagno. Y esta vez el dinero llegó, pero con un posterior movimiento cauteloso. Para defenderse de la previsible falta de reembolso del préstamo, la APSA pidió una donación de 25 millones de dólares a la Fundación Papal estadounidense. Y para doblegar la resistencia de la Fundación al desembolso se movilizaron los cardenales Donald Wuerl y Theodore McCarrick, éste último todavía en el candelero. En el 2017 la fundación proporcionó 13 millones de dólares y a principios del 2019 obtuvo que esta suma se transformara de una donación en un préstamo, para ser reembolsado.


Cuando acontecieron estos hechos, en el Vaticano era de conocimiento público que Becciu desarrolló un rol de primer nivel en lo realizado, al menos hasta el momento en el que desempeñó en la Secretaría de Estado el cargo de “sustituto”, esto es, hasta el 29 de junio del 2018.


Pero hoy Becciu niega que se haya ocupado él de la adquisición del IDI. Y hace pocos días, imprevistamente, también el cardenal Parolin llegó en su auxilio.


Preguntado el 20 de noviembre, el cardenal secretario de Estado se atribuyó haber dirigido la operación de adquisición del IDI, con el involucramiento de la APSA y de la Fundación Papal.


Parolin negó que haya habido un “complot de curia” para culpar a Becciu del acuerdo y ensuciar su reputación. Y en todo caso se mantuvo fuera: “Soy completamente ajeno a toda maniobra de este tipo: y si hubo alguna, la condeno en los términos más enérgicos posibles”.


Sobre todo tuvo que resaltar que la adquisición del IDI fue “llevada a cabo con intenciones limpias y procedimientos honestos”.


Para un observador externo no es claro cuánto hay de verdad en lo dicho, o de recitado, en este juego de las partes entre el cardenal secretario de Estado en el cargo y el que desde el 2013 hasta el 2018 fue su “sustituto”.


Se mantiene en pie el hecho que la adquisición de una parte relevante del IDI hecha por la Secretaría de Estado, a través de la APSA, parece violar las reglas bancarias europeas acordadas en el 2012 y mantenidos en observación por Moneyval, las que prohíben a la misma APSA, en cuanto banco central vaticano, hacer préstamos a individuos particulares y de tomar parte en transacciones comerciales.


PEDIDO DE CAPTURA PARA EL ASESOR DE LA APSA


Pero esto no es todo. Porque en su retorno a Roma Francisco tendrá que afrontar una cuestión para él todavía más ardiente, que también tiene que ver con la APSA, pero más precisamente con el hombre que hace dos años fue colocado allí por el Papa, con el rol inédito de “asesor”, el obispo argentino Gustavo Óscar Zanchetta (en la foto).


Zanchetta es amigo e hijo espiritual de Bergoglio desde cuando éste último era arzobispo de Buenos Aires y aquél era subsecretario de la Conferencia Episcopal Argentina. Después que se convirtiera en Papa, Bergoglio lo promovió inmediatamente a obispo de Orán, diócesis a la que Zanchetta renunció por imprecisas “razones de salud” en el 2017. Y en diciembre de ese mismo año el Papa lo llamó al Vaticano, a APSA, justamente como “asesor”, a pesar de que no tenía ninguna capacidad en materia administrativa. En efecto, el motivo de este nombramiento fue otro: poner a resguardo al amigo de las consecuencias de las detalladas acusaciones de sus fechorías sexuales en perjuicio de sus seminaristas, enviadas a Roma desde el 2015 por eclesiásticos de la diócesis de Orán y del Diacono Jorge Sonnante.


A esto le siguió la apertura de un doble proceso contra él, canónico y civil. Del primero no se tienen noticias, pero el segundo está en pleno desarrollo en Argentina y el 21 de noviembre el pedido de una orden de captura internacional de Zanchetta, hasta ahora domiciliado en el Estado de la Ciudad del Vaticano, en la residencia de Santa Marta.


El pedido de la orden de captura ha sido enviado al tribunal que juzga en Orán por parte de la fiscal María Soledad Filtrin Cuezzo – fiscal penal de la oficina sobre violencia de género y sobre delitos contra la integridad sexual.

Pero no habrá necesidad de que se haga ejecutiva, porque en la tarde del sábado 23 de noviembre el defensor canónico de Zanchetta, Javier Belda Iniesta, ha comunicado que el imputado – que continúa declarándose inocente – “en la tarde del lunes 25 de noviembre subirá al avión y aterrizará en el aeropuerto de Salta en la mañana del 26 de noviembre”.

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